Tijuana BC. — Desde un inicio la mala búsqueda y designación de personas no aptas para desempeñarse en la función pública ha sido y es el “talón de Aquiles” de este XXV Ayuntamiento de Tijuana, administración que encabeza el alcalde Ismael Burgueño Ruiz.
Funcionarios como Aldo de Jesús Osuna González, director de Justicia Municipal y el propio consejero jurídico, Alejandro Rivera Huerta, han puesto en duda la capacidad del propio alcalde para implementar la gobernanza en estos primeros 100 días de su gestión municipal.
Ambos personajes han demostrado una falta de liderazgo para implementar políticas públicas correctas en sus subordinados, los jueces municipales, para mejorar el desempeño de un gobierno que al emanar de la Cuarta Transformación debe traer bienestar social.
Ciudadanos que alzaron la voz para reprobar y exhibir la conducta de jueces municipales han sido ignorados, pues basta recordar como la jueza municipal Paola del Rosario Montoya Martínez, salió bien librada de la acusación que un ciudadano le hizo por haberlo extorsionado.
Otro caso ignorado, es el escandaloso acto de corrupción y de extorsión que involucra directamente al juez Ramiro Mora, quien, al estar de turno en el Juzgado Municipal de la Zona Centro, fue exhibido por pedir una cantidad de dinero a un ciudadano.
Ambos funcionarios son parte del equipo que lidera el juez Rafael Azahel García Bracamonte, quien también es pareja sentimental de la jueza Paola del Rosario Montoya; son personajes oscuros y corruptos que sirven de manera incondicional al director Aldo Osuna en el manejo y la propia extorsión a jueces municipales.
Más que un deficiente servicio de los jueces municipales, se revela una campaña negra interna encabezada por el propio director de Justicia Municipal, quien, desde el primer día de su designación, se ha encargado de ajustar cuentas con los jueces que no son afines con la línea política del Consejero Jurídico.
El criterio aplicado para la selección de quienes actualmente se encuentran administrando la justicia municipal, obedece a fines que sencillamente no se encuentran dirigidos a brindar una mejor atención a los ciudadanos, sino que busca establecer una ruta de poder y subordinación de voluntades de servidores públicos.
Más allá de procurar el mejoramiento del servicio público, Aldo Osuna se enfoca en cumplir las órdenes de un consejero jurídico que no tiene reparo al invitar a sus amigos, principalmente allegados personales, sin que reúnan un perfil adecuado para desempeñar una función pública.
Esta dinámica involucra áreas de la Sindicatura Municipal en las que Raúl Mauricio Sánchez Lizárraga, subdirector de Asuntos Internos, previo acuerdo, acosa a jueces que no forman parte del equipo del consejero para obtener las renuncias en base al acoso.
Con estas maniobras buscan desocupar las plazas para contratar personal, sin que acrediten su capacidad profesional o perfil adecuado para el desempeño de un nombramiento que involucra directamente el trato personalizado con ciudadanos que en muchas ocasiones se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Esta parte de la sociedad está lejos de encontrar en los Jueces Municipales una figura de autoridad con independencia y autonomía en sus determinaciones, reciben en cambio malos tratos, indiferencia, desatención y determinaciones por demás alejadas de ese perfil humanista que debiera ser su principal característica.
